“Sin libertad, la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es una quimera”.
Octavio Paz
Una publicación reciente por el Real Instituto Elcano que hace referencia a la crisis democrática que enfrenta América Latina, nos habla de seis tendencias comunes, pero profundamente perjudiciales a la larga trayectoria de la democratización en la región:
- La estrategia de demolición de la institucionalidad democrática
- Creación de un nuevo marco legal y constitucional
- Campañas permanentes de desprestigio contra la oposición
- Cooptación del poder judicial
- El renovado papel político de las Fuerzas Armadas
- El acoso a los medios de comunicación
Estas tendencias nos informan que más allá de la prevención de violencia política, y el resguardo de actos eleccionarios, la seguridad democrática se sustenta en las instituciones. Fue en su momento, “un neologismo desarrollado en contraposición a la doctrina de seguridad nacional y los conceptos convencionales de seguridad y defensa nacional, que enfatizan la independencia, la integridad territorial y los derechos soberanos del Estado frente a las amenazas externas o internas”, y sin embargo, de forma paradójica, esta definición no alcanzan para abarcar todo el espectro de amenazas a su propia concepción. Es decir, la seguridad democrática concebida como “una necesidad humana enraizada en la ausencia de amenazas económicas, políticas, sociales, militares y ecológicas” no es suficiente para garantizar los principios constitucionales democráticos de las naciones.
Entonces, más allá de la parte teórica, ¿cómo la protegemos sobre el terreno? Esto apunta directamente a nuestras concepciones individuales, pero también colectivas de estado, a nuestra tolerancia a la vulneración de nuestros derechos, pero también a la calidad de nuestras democracias. Es decir, el compromiso para con nuestras responsabilidades más allá de asistir a los comicidios.
Se ha escrito ampliamente sobre los balances en las relaciones cívico-militares, sobre todo en los países donde conceptos de seguridad democrática han sido implementados en políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de Colombia se ha hablado de sus alcances y limitaciones, así como de la desvirtualización tanto de la noción de seguridad nacional como de la anterior.
¿La militarización de la democracia?
Aunque la seguridad democrática depende de múltiples factores institucionales que devida en cohesión social y resiliencia, los mecanismos para la implementación del régimen democratico es esencial y se refuerzan mutuamente.
Por otra parte, la seguridad electoral, descrita como como medidas para garantizar que los votantes, candidatos, funcionarios de los centros de votación, observadores y demás actores involucrados en una elección, vivan el proceso libres de temor o daños y para garantizar que los materiales electorales delicados se mantengan seguros” es también para fines prácticos, esencial para garantizar el derecho a la participación politica.
Por ende, no es de extrañar que se le considere explícitamente materia de seguridad nacional. En este sentido, la labor de las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad juegan un papel crítico en el sistema democratico. Podemos observar en muchas paises se les delegan tareas y responsabilidades de esta naturaleza. En los que no se está permitido hacerlo directamente a las FFAA, normalmente si se hace a fuerzas intermedias que podríamos asociar más con doctrinas y entrenamiento paramilitar que a uno civil.
Por otra parte, dentro de los roles subsidiarios de las fuerzas armadas, por lo general no se niega su participación cuando las fuerzas civiles están sobrepasadas, aunque no sea parte explícitamente de sus tareas. Caso parecido a lo que sucede con la respuesta a desastres naturales, o la construcción de obras críticas para el desarrollo nacional.
Haciendo un paréntesis, sería importante destacar, que hay amplio debate sobre si es el poder militar normalmente quien por ánimos propios busca restablecer el orden a través de la fuerza, o es más una negligencia del poder civil el permitirse no usar todas las instituciones a su disposición para frenar el deterioro de todas las “seguridades” de su competencia, lo que culmina en tener que solicitar apoyo a las fuerzas castrenses.
En 2008 ya se comentaba, pero sigue siendo lamentablemente vigente, teniendo en consideración la cantidad de amenazas y la fragilidad de los estados, ningún país en el hemisferio tiene capacidad suficiente para la permanencia de sus valores democráticossin recurrir a medidas extraodinarias.
Una noción más amplia de la seguridad democrática, no solo debiera considerar labores conjuntas donde las fuerzas armadas podrían realizar labores de Seguridad Pública de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con las segundas; sino que lo consideraría una obligación para garantizar la primera.
Ante las llamadas de alarma sobre la posible militarización en México, vale la pena revisar la experiencia Argentina, quien no solo cuenta con una amplia experiencia con gobiernos dictatoriales, sino que independientemente de esto, le confía parte de la custodia de actos eleccionarios a sus fuerzas armadas desde 1912.
Hermanos de distinta madre
La violencia electoral puede ser definida como la “violencia que pretende influir en la conducta electoral de los votantes, candidatos, funcionarios, u otros actores y/o afectar el resultado de las elecciones”.
En el caso Mexicano, la última dictadura se vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con Porfirio Diaz, y sin embargo era de alguna forma un régimen híbrido. De la misma forma, “la dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000), fue a través de la simulación y acuerdos entre los actores políticos para dar la impresión de ser un régimen democratico. Paul Gillingham identifica tres períodos concretos donde los mecanismos coercitivos para el control electoral difirieron entre sí:
- La “democracia del pistolero” (1910-1952).
- La “democracia dirigida” (1953-1994).
- La “democracia abatida” (1994 al presente).
Los únicos eventos ampliamente reconocidos como crisis en las relaciones cívico-militares del país fueron la masacre de tlatelolco en 1968, y la desaparición de 43 normalistas de ayotzinapa en 2014, lo que pudiera contribuir a que la población no reconozca muchas veces los claros indicios de las pérdidas de las libertades individuales en el país.
Además, se ha comentado que una vez iniciado el periodo transición democrática en México (2000- al presente), la cual dejó atrás al régimen unipartidista a nivel local, la alternancia de los partidos en el poder municipal han desestabilizado las redes de protección locales y en consecuencia incrementa la violencia criminal porque la llegada al poder municipal de un grupo político distinto puede significar al mismo tiempo la llegada de un grupo criminal distinto; lo cual puede producir luchas entre organizaciones criminales y al interior de estas.” Esto es, durante la transición democratica, también fue cuando la violencia criminal cobró fuerza, haciendo que no se le perciba como violencia politica, sino comola primera.
Una vez dicho esto, podemos tambien aseverar con un alto grado de confianza, que nos encontramos ante múltiples actores, incentivos, y modos de operar, que no discriminan entre candidatos, funcionarios locales, periodistas y activistas para alcanzar sus objetivos. Las conexiones entre estos son cada vez más estudiadas, y por ende más visibles. Investigaciones recientes disipan la duda entre si existe la utilización de la violencia como herramienta utilizada por los carteles en este contexto.
Por el contrario, el caso Argentino, cuenta con bajisimos indices de violencia criminal, y a pesar de sus experiencias de dictatoriales, las fuerzas armadas gozan de amplia aceptación e integración social. La guerra de las Malvinas aunque fue el catalizador de la caída de la junta militar, también llevó a un nuevo pacto cívico-militar. La defensa nacional, y temas afines con sus funciones claramente defnidas, tomaron un nuevo significado pertinente a todos los estratos sociales, y colores políticos.
Esto en gran medida fue logrado también por una fuerte estrategia mediática, educación cívica, y organizaciones benéficas que visibilizaron a los veteranos Argentinos. Siendo una nación diversa, de alguna forma, la causa Malvinas logró simbolizar uno de los componentes más importantes para la consolidación de la democracia Argentina, la defensa de intereses colectivos como un deber individual.
Aportes generales
Cuando el Presidente Andres Manuel Lopez Obrador ganó la presidencia en 2018 con un amplio margen, heredó un país donde las Fuerzas Armadas se han usado de manera rutinaria en labores de seguridad pública desde 2008. En su momento, había propuesto terminar con esta práctica, pero una vez en funciones, públicamente cambió de postura. En su momento, aunado a un clima de polarización, y violencia de todo tipo, se reportaron 2245 delitos e irregularidades electorales denunciadas durante el proceso electoral.
No mucho después, en las elecciones del 2021, 101 políticos fueron asesinados en los 9 meses durante el proceso, cifras verdaderamente inauditas en el contexto Mexicano. Por otra parte, Informes sobre Violencia Política en México, nos dicen que si bien en algunos rubros del espectro de la violencia política han habido mejoras, los resultados han sido en su mayoría mixtos. Una perspectiva mucho más crítica que la presentada en los informes presidenciales.
Hubo lugares especialmente competitivos, como Tierra Caliente, Michoacán, donde la narco-política jugó un papel imprescindible. En este sentido se revivió el debate sobre considerar en específico a los carteles como organizaciones terroristas. Inclusive, el gobernador de Texas, Estado Unidos, a raíz de este y muchos otros eventos, firmó una orden ejecutiva para hacer esto de forma unilateral en su estado.
Por esto mismo, en 2022 se anunció la Estrategia de Protección y Seguridad en Contexto Electoral donde se coordinaron un numero formidable de dependencias con el fin de prevenir las acciones más disrruptibas, como el asesinato de candidatos. Los mecanismos de protección han sido historicamente insuficientes, y lo siguen siendo, aunque han habido mejoras considerables en el último año.
Además, aunque no está muy socializado en la población, el Instituto Nacional Electoral, en su reglamento de elecciones, pone sobre la mesa la posibilidad de la participación de las Fuerzas del orden Federal. Cosa que ha sucedido con naturalidad pero sin darles mucho crédito. Podemos referirnos a convenios de colaboración, para actividades como la indagación de influencia partidaria de los candidatos, vigilancia de mítines, y análisis de riesgos.
En cambio, el historiador argentino Alain Rouquié nos dice que cuando en 1912 se codificaron las Elecciones legislativas, el – Art. 48º indicaba que para el resguardo de estos actos eleccionarios, agentes de policía local se pondrá en número suficiente. Sin embargo, por iniciativa de Dn. Hipólito Irigoyen , se optó por usar a las FFAA, las cuales gozaban de mayor respaldo de la población, pues estas dependen de la federación y no de gobernadores. Además eran considerablemente más profesionales.
Incluso en la Ley 19.945 y las modificaciones del Código Nacional Electoral Art. 69º en 2021, se habla de la custodia de mesas por agentes de policías, y en el Art. 70º del uso de fuerzas nacionales en ausencia de fuerzas policiales, nunca de las FFAA. La actualización de la Directiva de Política de Defensa Nacional en 2021, tampoco considera esta una labor de la fuerzas armadas, aunque de facto esta sea la realidad sobre el terreno.
Esto se ha tomado por hecho, he incluso cuentan con un Comando General Electoral. El CGE, Creado en 2007, centralizó los distritos electorales en conjunto con todas las dependencias correspondientes. Entre sus labores se encuentran las medidas de seguridad, la vigilancia de los locales, la custodia de las urnas, y el transporte de estas hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito. Por ejemplo, en 2017, se desplegó un total de 106.800 efectivos, 6233 vehículos terrestres, 5 aviones, 12 helicópteros, 13 embarcaciones y 86 mulas para transporte de urnas, así como la custodia y vigilancia de los comicios.
De la misma forma, en 2021, el Presidente Alberto Fernández, indicó que por la pandemia de Covid-19, de todos los roles subsidiarios se le diera prioridad a las elecciones. Ante las nuevas órdenes, se realizó un análisis sobre actos eleccionarios en el mundo, y sus adaptaciones a la pandemia, acordándose disponer 5225 vehículos terrestres, 2 aviones “Hércules” C-130, 12 helicópteros, 10 embarcaciones y ganado mular para transportar las urnas en las regiones montañosas del país.
El operativo tuvo cobertura en los 17.092 locales de votación, donde estuvieron habilitadas 101.457 mesas. También, se sumó personal militar empeñado como “facilitadores sanitarios” en los locales de votación, con el objetivo de contribuir con medidas preventivas como controlar la utilización del tapaboca, distanciamiento social, la higienización de manos, entre otras.
Valdría la pena que la participación de FFAA mexicanas mimetizara a las FFAA Argentinas, de tal forma que sus aportes fueran permanentes y no eventuales, para facilitar el planeamiento de capacidades y recursos en este rubro. A pesar de que realizar estas actividades pueden generar todo tipo de desinformación noticiosa, es de mencionar que en México, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y el Instituto Nacional Electoral, son las instituciones que cuentan con el mayor respaldo de la población.
Esto resalta sin embargo, porque a pesar de estas cifras, las encuestas también nos corroboran que la población tampoco los considera totalmente transparentes para con las autoridades civiles. Con el llamado del Secretario de la Defensa Nacional a unirse al movimiento político del presidente, el cual tiene propuestas de reformas importantes a la independencia del Instituto Nacional Electoral, se vislumbra un panorama sumamente complejo para la institucionalización de la seguridad electoral en el país, pero también abre las puertas a una restructuración que la garantice.
Aportes específicos
Ya en 1993 se escribía el famoso artículo, “Cyberwar is Coming”, y mucho se hablado de la incidencia del aspecto cibernético en las denominadas guerra híbridas, o conflictos de zona gris. A razón de la proliferación de ataques cibernéticos a todo tipo de infraestructura crítica entre países, la OTAN publicó el manual de Tallin, un intento por regular las operaciones militares en el ciberespacio acatando el Derecho Internacional Humanitario.
La digitalización de las relaciones internacionales y la ciberpolítica, estudian cómo la “digitalización transforma las relaciones de producción, propiciando formas de gobernanza que expresan dinámicas de conflicto y cooperación en las que se pone en juego la construcción de nuevas configuraciones de un orden mundial digital.”
Con la expansión acelerada del voto electrónico, hay nuevas oportunidades de profundizar la democracia, y el acceso al voto, pero bien se ha comentado la dificultad que representa que el las poblaciones sobre todo con una penetración del internet no muy desarrollada, considere los resultados legítimos.
Hemos sido testigos de intervenciones directas en procesos electorales como fue en Estados Unidos en 2016, como también en las subsecuentes votaciones presidenciales en 2020. En esta misma linea, la influencia de actores extraregionales, como las posibilidades de terrorismo cibernetico, esta al centro de la discución de los procesos electorales y la seguridad democratica.
Ante este panorama las FFAA pudieran jugar papeles sumamente relevantes. En el caso Mexicano, la SEDENA y la SEMAR han desarrollado un glosario de terminos conjunto, así como la Estrategia Conjunta en materia de Ciberdefensa y Ciberseguridad, y sin embargo, ataques recientes a los sistemas de comunicaciones de estos pone en duda el nivel de implementación de estos productos.
En Argentina, el Comando Conjunto de Ciberdefensa, el cual fue creado por medio de la resolución 343/2014, es quien representa al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas en el “quinto dominio”. Su principal labor es proteger a las FFAA Argentinas de ciberataques que comprometan sus operaciones militares o pudieran afectar las infraestructuras críticas se le asignen para su resguardo, en conjunto con las instituciones civiles correspondientes.
En esa misma línea, también cuentan con el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (ISSFA) el cual elabora y coordina tareas para el perfeccionamiento conjunto del personal militar y civil en materia de ciberdefensa de acuerdo con sus Roles de Combate, a fin de lograr un óptimo y eficiente encadenamiento funcional de incorporación de competencias, en un criterio tripolar de Centralización, Progresión, y Articulación.
Llegar a desarrollar instituciones análogas en el territorio Mexicano, podría no solo mejorar la coordinación de dependencias homólogas en otros países, sino que sería una parte esencial de la profesionalización de las fuerzas mexicanas en sus labores y responsabilidades electorales.
Además, podemos destacar en Argentina, al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), el cual realiza inversiones estratégicas para desarrollo tecnológico, o reequipamiento de las FFAA Argentinas, así como financia la producción, su mantenimiento, y licita bienes y servicios pertinentes a estos.
Al producir un estado mayor conjunto cibernetico y expandir capacidades a nuevos dominios, el sostenimiento de estas capacidades sería crítico. La industria militar mexicana por mucho tiempo ha sido dejada de lado, pero ahora más que antes, se deben de buscar utilizar todos lo medios posibles para cerrarle el paso al retroceso democratico independientemente de los ambientes operacionales emergentes.
Comentarios finales
En el presente texto se abordaron conceptos y temáticas contextualizadoras para comprender las materias referidas a nivel regional, así como los procesos de desarrollo tecnológico e institucional, y las incidencias que tienen en los regímenes democráticos.
Especialmente, se profundizó en los esfuerzos de las FFAA Argentina y sus posibles aportes para México, a fin de proporcionar recomendaciones pertinentes, así como limitaciones relevantes, para fomentar una discusión que coadyuve a la profundización de las relaciones cívico-militares en ambos países, así como a otros que pudieran encontrar similitudes a sus casos nacionales.
Como hemos visto, las lineas entre el entre el uso de las fuerzas armadas, y lo que comúnmente interpretarsre como militarización, muchas veces interactuan de forma superpuesta independientemente de si existe un sano equilibrio entre lo civico-militar.
Se espera que esta pieza sea de utilidad a Académicos, militares, y otros profesionales, como legisladores, o aquellos que por su labor en la gestión pública, puedan tener interés en generar espacios e inercias de diálogo en sobre cualquiera de los puntos referidos. Quienes, más allá del discurso politico, apunten a reforzar la voluntad popular de sus naciones con plena conciencia de sus necesidades, pero ademas, con conocimiento de los terribles resultados que puede tener abusar de sus procesos y mecanismos para estos fines.
Manuel Carranza es un investigador en temas de Políticas de Defensa, Narcoterrorismo, Contrainsurgencia, y competencia estratégica en América Latina. Ha tenido el privilegio de formarse en academia militares e Institutos de Fuerzas Armadas en Argentina, Chile, México, España, y los Estados Unidos. https://orcid.org/0000-0001-6777-6143.
Agradecimientos: Un especial agradecimiento a la Mtra. Sarah W. Hirsch, investigadora en la Universidad de Stanford, por su apoyo en la realización de este artículo.
Main image Credit: Oficina de la Presidencia, 2022. Disponible en: https://presidente.gob.mx/4-anos-de-transformacion/
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