Según nos informa el Diario La Nación (5/9/23) el buque carguero frigorífico de bandera panameña “Frio Marathon” llegó a Mar del Plata, proveniente de Puerto Argentino de Malvinas, donde habría operado desde 2014, sin el permiso de la Autoridad de Aplicación argentina, motivo por el cual la Prefectura inició un sumario «por violar el Decreto 256/10 que establece que todos los buques que se propongan transitar entre los puertos del territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deben solicitar autorización para que el Estado argentino autorice la operatoria». Estimándose, dice el medio, que la sanción podría ser de varios millones de pesos, que como dice “Agenda Malvinas” podrían ser unos pocos dólares.
Desde que rige el citado Decreto, la Prefectura, según la publicación, habría «detectado 683 buques en presunta infracción y sancionado pecuniariamente a 371 de ellos. En paralelo, se ha gestionado la autorización de más de 1.200 permisos para que buques de bandera extranjera recalen en los referidos puertos y, que, buques de 37 banderas, incluso del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), reconocieran indirectamente, mediante este proceso, la soberanía del país sobre nuestras Islas al solicitar autorización a nuestro país».
Hasta aquí la noticia que no precisa cuál es el “monto millonario” que se podría aplicar, ni tampoco las razones por las que sólo se sancionó al 54% de los buques en aparente infracción y, cuál habría sido el monto total de las multas aplicadas y si están firmes y han sido depositadas en favor del Estado. Tampoco se indica si la llegada a Mar del Plata de este buque fue voluntaria o si fue apresado en algún lugar del mar argentino y la Prefectura lo condujo al puerto de Mar del Plata, cuestión que no parece, a juzgar por la foto que hemos tomado del buque, al que se lo ve solo navegando para ingresar a este puerto. Es curioso que la Prefectura entienda, que el permiso de tránsito para navegar por aguas jurisdiccionales argentinas con destino a puertos de Malvinas o viceversa pueda implicar un reconocimiento indirecto de la soberanía sobre los archipiélagos. En todo caso, lo que está haciendo el Estado Argentino es controlar el tránsito en las aguas de su jurisdicción; control, por cierto, absolutamente insuficiente, ya que se ha limitado a constatar si se ha pedido o no permiso, en lugar de verificar las mercaderías que se transportan; como gendarmería, la policía federal o provincial lo hubiesen hecho a cualquier transporte en una ruta nacional o camino provincial.
Si se hubiese controlado las mercaderías transportadas por los 1.200 buques que obtuvieron permisos, seguramente se hubiera constado la presencia de millones de toneladas de pesca ilegal capturada en el área de Malvinas o proveniente de recursos migratorios argentinos originarios de la ZEEA. Del mismo modo, sobre los 683 buques que fueron detectados en presunta infracción. Nada se dice, si del total de 1.883 buques referidos, cuántos pudieron violar la Ley 24.922 y muy especialmente la 26.386, que en síntesis, prohíbe a las empresas habilitadas por la Autoridad de Aplicación a operar sin autorización de ésta en Malvinas y viceversa o mantener relación directa o indirecta con empresas que operen o hayan operado en Malvinas y, en este sentido, si no se ha efectuado el análisis societario de las empresas que operan en Argentina y las que lo hacen en Malvinas y, si existe alguna relación entre ellas (de hecho hay varias publicaciones que lo han denunciado reiteradamente), si se hubiesen otorgado permisos de tránsito se estaría violando la referida Ley 26.386 y la DTP de la Constitución Nacional. En este sentido, sería deseable que Prefectura publique todos los buques que han transitado por las aguas argentinas (incluso, obviamente, el área de Malvinas) desde 2010 y, junto al Consejo Federal Pesquero y su asesoría legal, determinen si alguna empresa radicada en la Argentina violó y continúa violando la Ley 26.386.
Por cierto, las políticas que se llevan adelante no desalientan la pesca ilegal y, menos, actúan para cumplir la Disposición Transitorio Primera de la Constitución Nacional. En las aguas argentinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEEA hay navegación no pacífica, pesca ilegal, puertos cómplices y un gobierno ausente y, no parece que, hasta el fin de este gobierno, las cosas vayan a cambiar.
No alcanzará con aplicarle una multa millonaria al buque transbordador que no pidió permiso para transitar. El buque pagará el monto que se le indique y, al día siguiente, seguirá sirviendo a buques extranjeros, efectuando el transbordo en el mar de cientos de miles de toneladas que se capturan ilegalmente. Además, la Prefectura debería, además de verificar si el buque ha pedido o no permiso para transitar, verificar si transita con mercaderías obtenidas ilegalmente. Ello sí, sería ejercer soberanía. En los hechos esta fuerza se ha limitado con poquísimo éxito -dos buques por año apresados sobre una población anual del orden de los 500 buques en los últimos 40 años- a verificar in fraganti la pesca ilegal, en lugar de inspeccionar la pesca ilegal que se transporta. En el continente, los “ladrones del asfalto”, pocas veces se detectan infraganti, sino en el control en la circulación de los transportes. A poco de requerir el certificado de origen, la trazabilidad y, si el buque tiene control presencial del Estado de pabellón (y cierro por ahorro administrativo) ninguno de los buques cargados puede demostrar la legalidad de la captura.
El buque “Frio Marathon”, no solo no pidió permiso para transitar y contribuyó al traslado de productos pesqueros ilegales, sino que también, no pagado derecho alguno, inclusive los aduaneros, en el caso de la exportación de productos desde el territorio argentino de Malvinas. La colocación de una multa por no pedir autorización, será irrelevante, en relación al daño ocasionado a la Argentina todos estos años.
Y si se sanciona el tránsito sin permiso, ¿por qué las sucesivas autoridades argentinas, desde 1998 a la fecha, no han sancionado la pesca ilegal en el territorio argentino de Malvinas, como establece la Ley 24.922?
Para minimizar los riesgos de una navegación no pacífica, la pesca ilegal e impedir el uso de puertos por parte de buques que pescan ilegalmente, sugiero la sanción de un Decreto (cuyos fundamentos omito por razones de espacio) que alcance a todo buque o artefacto naval de cualquier bandera (salvo la argentina autorizada) que se proponga transitar en la ZEEA, la Zona Contigua, el Mar Territorial Argentino o por sobre la Plataforma Continental Argentina conforme lo establecido por la Ley 27.557 con destino o no a puertos ubicados en el Área FAO 41 y 48, quienes deberán solicitar una autorización previa; debiendo analizarse si viola la Ley 26.386 y estar provisto de un Sistema de Seguimiento Satelital activo en los últimos noventa (90) días anteriores a la solicitud de autorización y, mantenerse activo durante el tiempo de tránsito; habilitándose al SENASA a intervenir para determinar a bordo el carácter de ilegal o no de las mercaderías, como establece el Decreto 4238/68.
Finalmente, la mayoría de los países, habiendo o no aprobado la Convención del Mar (CONVEMAR) aplican normas penales (Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Alemania, España, Venezuela), o están analizando aplicarlas (Costa Rica, Chile, la Unión Europea), porque han entendido que la erradicación de la pesca ilegal no se ha logrado con normas administrativas y, este caso, como otros, requerirían el decomiso del buque y el arresto de los responsables, de otro no se erradicará la pesca ilegal.
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Hay que empezar a crear una argentina para argentin@s basta de extranjeros aprovechando la falta de control de los mismos que luego reprimen al pueblo cuando tiene hambre.
Creer que se mantiene una supuesta soberanía sobre territorios perdidos por causa de una guerra iniciada sin ningún motivo valedero, es desconocer tanto la legislación internacional como el hecho factico que se ha perdido esa guerra. No hay otra solución que terminar con este tema priorizando la negociación con el Reino Unido para defender en forma conjunta la riqueza de esos mares, y abrir el comercio entre el continente y las islas al mutuo beneficio entre los habitantes de Malvinas y la Nación Argentina. Pero para eso es indispensable que Argentina sea una Nación, no un triste paisito perdido en el sur del planeta y pleno de la anomia que lo caracteriza como indigno del respeto que se debería merecer.
Estimado Gustavo Battaglia, en la guerra de 1982 no se perdieron las Islas Malvinas, porque lo único que se firmó fue un Instrumento de Rendición, que no otorga soberanía a ninguno de los dos países. Usted mismo puede consultar el documento original de dicho Instrumento de Rendición en el sitio web del Imperial War Museum; busque “Instrument of Surrender for all Argentine Forces” en Google. Debe recordarse que la población argentina que vivía en las islas fue expulsada por la fuerza en 1833 y que los actuales ocupantes de las Islas Malvinas carecen del derecho de autodeterminación, ya que son los descendientes de familias británicas enviadas intencionalmente por Gran Bretaña, por lo que en primer lugar no son una población nativa, en segundo lugar no fueron los primeros pobladores y en tercer lugar son el resultado de un proceso de colonización. Es como si un extraño te saque de tu casa por la fuerza y decida unilateralmente que ahora tu casa le pertenece. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido, en su resolución 2065, que el caso se encuadra en una situación colonial y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas incluye a las Islas Malvinas en su lista de territorios no autónomos bajo administración de potencias coloniales. El Reino Unido renunció a su soberanía sobre las islas en el artículo sexto de la primera Convención de Nutka, que dicta que los británicos no pueden establecerse en las islas de Sudamérica que, al momento de la firma de la Convención, ya estaban ocupadas por España, como las Islas Malvinas. La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas fue heredada de España al momento de la independencia, exactamente como sucedió con el resto del territorio argentino. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, las Islas Malvinas pertenecen legítimamente a la Nación Argentina y este país (no “paisito”, como usted lo denomina con altanería) tiene todo el derecho de defender lo que legítimamente le pertenece. Saludos cordiales.