El proyecto de amnistía propuesto para los separatistas catalanes fue rechazado por el Parlamento español con una estrecha derrota de 179 votos en contra y 171 a favor. Este revés representa un golpe significativo para el primer ministro Pedro Sánchez y destaca la vulnerabilidad de su gobierno en minoría.
La iniciativa legislativa, impulsada por el gobierno socialista de Sánchez, buscaba otorgar amnistía a unos 400 individuos involucrados en el referéndum unilateral de independencia de Cataluña en noviembre de 2014 y las elecciones subsiguientes. La propuesta fue derrotada después de que el partido independentista catalán Junts, liderado por Carles Puigdemont, votara en contra, argumentando que no brindaba suficiente protección legal a aquellos bajo investigación por delitos relacionados con el terrorismo. El proyecto de ley será remitido a una comisión parlamentaria.
El partido Junts expresó que, aunque el proyecto era un punto de partida positivo, consideraba que no iba lo suficientemente lejos y podía quedar ineficaz debido al supuesto prejuicio del sistema judicial español.
La amnistía propuesta ha generado descontento entre la población española, siendo un tema impopular respaldado por el 70% de los votantes, según una encuesta realizada en septiembre pasado. Las protestas en contra de la medida han congregado a cientos de miles de personas en los últimos meses, siendo la más reciente en Madrid con aproximadamente 45,000 manifestantes.
La oposición a la amnistía se ha centrado en la falta de apoyo público y la percepción de que Sánchez prioriza su supervivencia política sobre los intereses del país. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de burlarse de la democracia española al otorgar a los delincuentes la redacción de leyes y concederse a sí mismo una amnistía.
A pesar de que una versión modificada del proyecto de ley pueda ser aprobada en el Congreso, donde Sánchez cuenta con una estrecha mayoría, aún debe pasar por el Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta. Incluso si la amnistía se convierte en ley, los jueces deberán aplicarla caso por caso.
Las complicaciones adicionales surgen de los procedimientos judiciales en curso, como la ampliación de la investigación sobre Carles Puigdemont y otros separatistas por presuntos vínculos con acciones de la plataforma Tsunami Democràtic, calificadas preliminarmente como actos de terrorismo. La propuesta de amnistía fue modificada para incluir presuntos actos de terrorismo que no impliquen violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, las críticas y la desconfianza hacia el proyecto persisten.
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