La junta militar de Burkina Faso declaró haber descubierto un complot internacional para derrocarla, mencionando que la masacre de cientos de civiles en agosto, perpetrada por insurgentes islamistas, formaba parte de ese plan.
No obstante, algunos críticos y analistas sostienen que la junta utilizó esta declaración como una maniobra para desviar la responsabilidad de los asesinatos y la crítica situación de seguridad en el país. La junta, que tomó el poder en un golpe de Estado en 2022 con la promesa de derrotar a los grupos yihadistas, ha visto cómo la violencia ha incrementado desde su llegada al poder, lo que ha generado un creciente malestar entre la población, según sus detractores.
En el ataque más grave de los últimos meses, insurgentes vinculados a Al Qaeda asesinaron a cientos de personas que estaban cavando trincheras defensivas en Barsalogho el 24 de agosto, lo que provocó una respuesta de dolor y enojo por parte de la población. La junta ha mantenido un bajo perfil respecto a este evento y no ha respondido a las críticas que la acusan de haber ordenado a los civiles realizar tareas peligrosas sin protección en áreas controladas por yihadistas.
El periodista y crítico de la junta, Newton Ahmed Barry, uno de los mencionados, negó las acusaciones y sugirió que el gobierno buscaba desviar la atención de la tragedia. Otros analistas y miembros de la sociedad civil coinciden con Barry, aunque prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a represalias.
La junta no ha respondido de inmediato a los pedidos de comentarios sobre estas acusaciones, y se han documentado casos de represión contra la oposición mediante secuestros, torturas y reclutamiento forzado.
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Fuente: The Straits Times